El representante Rolando Crespo, portavoz de la delegación, adelantó que investigará qué gestiones hizo el gobierno previo al despido de los 16,970 empleados para recortar gastos y reducir el déficit que se estima en 3,200 millones de dólares.

"Es inaceptable e indignante que nuestra administración haya despedido a empleados que llevan desde ocho años hasta 13 años y aún no se hayan resuelto los sobre 11,000 nombramientos y sobre 64,000 transacciones ilegales que se hicieron bajo Aníbal Acevedo Vilá en medio de la veda electoral. Exigiremos que se nos confirmen todos los trámites que se han realizado antes de tomar esta drástica determinación", expresó Crespo en un comunicado.

Según Crespo, la administración de la Oficina de Recursos Humanos del Estado Libre Asociado (ORHELA) ha sido ineficiente al atender esas supuestas transacciones de nómina ilegales.

"La conclusión de muchos es que ORHELA arrastró los pies y no han atendido esta situación como se requiere", sostuvo.

Mientras, su correligionario José "Nuno" López dijo que solicitará a los miembros de la Junta de Reestructuración y Estabilización Fiscal (JREF) que examinen si entre los despedidos hay matrimonios para que, en ese caso, se deje sin efecto la cesantía de aquel con mayor antigüedad.

Si no responden a su solicitud, López indicó que radicaría legislación a esos efectos.

"Estamos pasando por un proceso difícil donde la única alternativa ante el desastre administrativo que heredamos es reducir la nómina del gobierno. Sin embargo, ante todos los escenarios, se debe considerar que de encontrarse casos donde un matrimonio se vea afectado se debe considerar excluir del proceso a uno de la pareja. Nuestro interés es procurar que el golpe no sea tan fuerte, máxime si hay hijos, por lo que se debe dejar al de mayor tiempo en el empleo", enfatizó López.