SAN JUAN (AP) — Los alcaldes novoprogresistas cerraron filas el lunes con el gobernador Luis Fortuño confiados en que su plan de desarrollo económico tendrá éxito y logrará revertir los efectos de los casi 17,000 despidos de empleados públicos anunciados el viernes.

Los integrantes de la Federación de Alcaldes se reunieron con el Gobernador y los titulares del Banco Gubernamental de Fomento y del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio en La Fortaleza, pero a su salida del encuentro no quisieron revelar detalles sobre la estrategia con la que planifican activar la economía.

Los ejecutivos de Guaynabo, Toa Baja, Fajardo, Yauco y Lares se limitaron a decir que el plan se fundamenta principalmente en el impacto que se espera tengan los fondos asignados a Puerto Rico como parte del plan de estímulo federal —que ya superan los 6,000 millones de dólares— y los $500 millones del llamado estímulo criollo.

"El Gobernador nos necesita en este momento y tiene el respaldo total de todos nosotros y de la estructura, y vamos a prepararnos fuertemente para salvar todos y cada uno de esos empleos", dijo el alcalde Yauco, Abel Nazario, a su salida del encuentro en el que participaron cerca de 40 de los 48 ejecutivos municipales novoprogresistas, incluyendo el de San Juan, Jorge Santini.

Aunque confían en que los efectos de la inyección económica comiencen a notarse en enero con el desarrollo de obras de infraestructura, los alcaldes son conscientes de que los resultados reales podrían retrasarse hasta el final del cuatrienio y no atender las necesidades inmediatas de los miles de funcionarios que estarán sin trabajo en un mes.

Por ello, algunos como el de Guaynabo, Héctor O'Neill, y el de Bayamón, Ramón Luis Rivera, comenzarán a elaborar un inventario de las plazas disponibles en sus gobiernos municipales y el número de compueblanos afectados por las cesantías para evaluar si es posible absorber esos empleos.

Destacaron que los ayuntamientos ya cuentan con programas de ayuda a los desempleados para proveerles recursos para el pago de los servicios de agua y luz, así como las hipotecas.

Los alcaldes señalaron que, de inmediato, es difícil conocer con exactitud cuánto afectarán los despidos en el gobierno a los municipios, y coincidieron en que los ayuntamientos tendrán que ser creativos para lidiar con el problema.

"Aquí todo el mundo sabía desde principio del cuatrienio que definitivamente iban a haber despidos y eso era una cuestión que ya se sabía, y muchos alcaldes han hecho sus ajustes adecuadamente", señaló O'Neill, quien incluso afirmó que esperaba que el panorama fuera peor con una mayor cifra de despidos.

A pesar de que confía en que el plan de Fortuño funcione, el alcalde de Toa Baja, Aníbal Vega Borges, no cree que resulte en su totalidad, pero afirmó que aun así redundará en beneficio para los ciudadanos y la economía en general.

"Le dije (al Gobernador) que, dentro del plan de desarrollo económico que se presentó, quizás no se pueda lograr el 100% de ese plan económico, pero sí se puede lograr un 60% a 70%. Si ese plan económico que se tiene planificado se desarrolla en aproximadamente un 70%, estaríamos creando aproximadamente sobre 100,000 a 125,000 empleos, y la obra se va a comenzar a ver", sostuvo Vega Borges.

La Junta de Reestructuración y Estabilización Fiscal anunció el viernes el despido de 16,970 empleados gubernamentales, como parte de la segunda y última fase de cesantías bajo el amparo de la Ley 7 de emergencia fiscal.

Sin embargo, no descartaron más despidos relacionados con la reorganización gubernamental que realizará la administración de Fortuño, que aspira a reducir el gobierno, compuesto por 134 agencias, en un 30%.