SAN JUAN — Por entender que constituyen un grave
retroceso en el desarrollo de la defensa de los derechos humanos y
civiles, la Comisión de Derechos Civiles (CDC) repudió el martes los
despidos de personal en cinco de las seis procuradurías del país.
Vance
Thomas, director ejecutivo de la Comisión, destacó que el gobierno
anunció que cinco de las seis procuradurías verán reducidos sus
recursos humanos en un 64%, siendo una de las más afectadas la
Procuraduría de las Personas de Edad Avanzada, con una reducción de 89%
de su personal.
"Con esta acción, la Rama Ejecutiva debilita
significativamente las posibilidades de esos sectores de reivindicar su
derechos", añadió sobre los procuradurías de las Personas de Edad
Alcanzada, la de las Mujeres, la de las Personas con Impedimentos, la
del Veterano y la del Paciente.
Previo a los despidos, según
Thomas, estas procuradurías ya estaban haciendo lo imposible con sus
recursos para cumplir sus obligaciones.
"Ahora se vislumbra que
quedarán en una situación de virtual parálisis", afirmó el funcionario,
quien invitó a las procuradoras y procuradores "a formar un frente
común para evitar que sus funciones sean truncadas".
La única procuraduría que no sufrió recortes de personal es la del ciudadano, que mantendrá sus 105 empleados.
Mientras,
el director ejecutivo de Servicios Legales, Charles Hey Maestre, se
expresó preocupado no sólo por el efecto directo que tienen los
despidos sobre los trabajadores cesanteados y sus familias, sino
también por las consecuencias que generará para todos los pobres.
"Los
recortes de puestos en oficinas como la Procuradora de las Mujeres
laceran los derechos de las víctimas de violencia doméstica y ponen en
jaque la red de apoyo que puede sostenerlas", manifestó.
Aseguró
que los despidos de empleados públicos en las procuradurías de la Mujer
y de Envejecientes, así como en la Oficina de Comunidades Especiales,
amenazan con dejar desprovistos de servicios y atención a los segmentos
de la población que componen la abrumadora mayoría de la clientela de
Servicios Legales.
"Ahora estos tres grandes segmentos de la
población, tras quedar prácticamente desmanteladas las agencias o
procuradurías que los representaban, se encuentran en estado de
indefensión e impotencia ante los constantes problemas que enfrentan",
manifestó.
Hey Maestre advirtió que, ante el aumento de
desempleados, incrementará la población que cualifica para la
representación y orientación legal de Servicios Legales sin que haya
recursos suficientes para el nuevo flujo de clientes. Aun así, la
entidad se mantendrá ofreciéndoles servicios hasta donde le alcancen
los recursos.